jueves, 6 de agosto de 2009

SUP: "Es franquista dar más seguridad a unos privilegiados que a miles de trabajadores de la seguridad"


El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, respaldó hoy las quejas de AUGC sobre la seguridad en las casas cuarteles y realizó su propio análisis sobre las diferencias en niveles de protección de las que gozan políticos y agentes, calificando de "franquista" que se prime la seguridad de "unos cuantos privilegiados" sobre el colectivo de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Miles de personas de este país consumen millones de euros del presupuesto público en escoltas, vehículos, dietas, etc., siendo su nivel de riesgo bastante menor que el que soportan hoy todas las casas cuartel de la Guardia Civil", afirma la Ejecutiva Nacional del SUP en una nota.

El SUP, que ya ha denunció en el pasado las abultadas escoltas de las que gozan algunos políticos, incidió hoy en que, "en muchos casos", ni siquiera es necesaria y que si se mantiene es "por una cuestión de distintción social o por disponer de un vehículo 'gratis total'".

"Mientras --añade--, cientos de casas cuartel viven abandonadas, en la indigencia, en condiciones tercermundistas, llenas de guardias civiles, hombres y mujeres con sus maridos, esposas e hijos, y siendo objetivo prioritario de ETA. Y algo habrá que hacer además de acudir a los funerales, por más que sea la misión más desagradable de los miembros del Gobierno y la Corona".

En el fondo, según el SUP, se trata de "una corrupción de la ética política, de la moral pública sobre la que debe asentarse un Estado de Derecho democrático" porque "más de 30 años después de la legada de la democracia aún persisten prácticas corruptas del régimen franquista en determinados comportamiento".

"Esas prácticas, como el distinto rasero para invertir en dar más y mejor seguridad a unos cuantos privilegiados, en detrimento de unos miles de trabajores de la seguridad, son una vergüenza para la democracia española y un insulto a la memoria de las víctimas del terrorismo. El Gobierno puede y debe cambiarlo", continúa.

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