lunes, 1 de febrero de 2010

De los 7.500 millones de pesetas presupuestados por el partido del Gobierno para este año, casi 2.000 han sido destinados a pagar escoltas privados



PP y PSOE negocian la reforma de la ley de financiación de partidos.




Fuentes del PP consideran trascendental esta negociación, aunque admiten que aún hay muchos flecos por despejar antes de que pueda alcanzarse el acuerdo. Dirigentes socialistas al tanto de estos contactos, ven clave también el pacto, "pues las distorsiones de la ley ahora en vigor están en el origen de muchos problemas". Estas últimas fuentes admiten que se trata de un "asunto crucial por todas las derivaciones que tiene", ya que en el primer partido de la oposición se tiene la impresión de que en estos momentos "hay establecida una competencia muy desigual con el PP en muchos campos". Uno es el de la financiación de las campañas electorales, y otro, bastante más sensible, el de la protección de los altos cargos que se encuentran amenazados por ETA en el País Vasco.

Problemas de seguridad

Tanto en el PP como en el PSOE se reconoce que este último problema va a servir, aunque sea de forma indirecta, para empujar hacia el acuerdo. De los 7.500 millones de pesetas presupuestados por el partido del Gobierno para este año, casi 2.000 han sido destinados a pagar escoltas privados para la mitad de los cargos electos que viven en Euskadi y se encuentran en la diana etarra. La seguridad de la otra mitad, alrededor de 150, es costeada a medias por el Ministerio del Interior y el Ejecutivo de Vitoria, gracias al acuerdo alcanzado la pasada primavera en una reunión en la que participaron representantes de ambos Gobiernos.

Los problemas del PSOE son aún mayores que los del PP en este terreno. En Euskadi cuenta con casi 300 cargos electos, en su mayor parte concejales, y a pesar del acuerdo alcanzado con el Ministerio del Interior y con el Gobierno vasco para el pago de escoltas privados, las tensiones son continuas debido al aumento de los colectivos a proteger por parte de ambas instancias. La semana pasada, la Consejería de Interior del Gobierno vasco se comprometió a dar escolta a todos los jueces y fiscales que residen en Euskadi, ante las presiones originadas tras el asesinato del magistrado José María Lidón.

http://www.cincodias.com/articulo/economia/PP-PSOE-negocian-reforma-ley-financiacion-partidos/20011119cdscdieco_2/cdseco/

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