Desde hace dos semanas, cerca de 200 escoltas del País Vasco ya no protegen a nadie. Se han quedado sin empleo mientras las empresas nuevas adjudicatarias de la seguridad privada del Gobierno vasco alegan que ha sido recortado el presuuesto para protección.
Rodolfo Ares dirige la Consejería de Interior del Gobierno Vasco
Había una gran expectación la noche del pasado 13 de noviembre entre los empleados de las siete adjudicatarias del concurso público para el Servicio de Protección a Personas que cada año convoca el Gobierno Vasco: Casesa, Ombuds, Segur Ibérica, Eulen, Coviar, LPM y Umano. Se decidía el futuro de los 600 escoltas privados que trabajan en Euskadi. Centenares de agentes se agolparon ante las puertas de esas firmas para tratar de saber si seguían trabajando. En la sede guipuzcoana de una de esas empresas, 110 escoltas se llegaron a concentrar esperando a conocer su destino. Aunque aún no ha trascendido la cifra exacta, los principales sindicatos del sector estiman que entre 150 y 200 han perdido su empleo.
Las nuevas adjudicatarias, que se repartirán 88 millones de euros por proteger a políticos, jueces y cargos electos de Euskadi los próximos 18 meses, esgrimen razones económicas para prescindir de estos escoltas. El Ejecutivo Vasco ha rebajado un 10 por ciento el presupuesto respecto al año pasado, que fue de 97,7 millones.
“Es inaudito. De un día para otro, sin trabajo. Yo me he comprado una casa en Bilbao, mi vida está aquí, y también las de mi mujer e hijos. ¿Qué hago ahora?”, dice R. J. G., escolta madrileño que lleva 14 años trabajando para la misma empresa de seguridad protegiendo a concejales socialistas. Los juzgados de Magistratura de Trabajo de Euskadi llevan ya admitidas un centenar de denuncias de este colectivo por despido improcedente. “Estamos como en el limbo, oficialmente no estamos en paro –dice un escolta desempleado ahora, tras nueve años en el sector, que prefiere que no se publique su nombre–. Un juez debe resolver qué empresa debe hacerse cargo de nosotros: la que nos tenía trabajando hasta ahora o la nueva, que nos ha subrogado”. Pero mientras –el pleito puede tardar en resolverse en torno a los tres meses–, los parados no cobran un euro.
Los escoltas que siguen con sus empleos han tenido que renunciar, en algunos casos, a la antigüedad y bajarse el sueldo entre 200 y 300 euros mensuales, según explican algunos escoltas subrogados. Isidro Campo, portavoz de UGT en el sector de la Seguridad en Euskadi, adelanta que van a pedir “una reunión urgente con el Gobierno Vasco, que ya sabía que esto iba a pasar, porque se lo advertimos, para que a estos escoltas se les recoloque de inmediato”.
Benito Chacón, secretario general de la Unión Sindical Estatal de Trabajadores Independientes (USETI), tilda de “maltrato descarado” el papel del Ejecutivo de Patxi López y la actitud de las empresas del sector. “Han tratado a los escoltas como si fueran perros o mercancía barata”, dice Chacón.
En verano, la consejería de Interior del Gobierno Vasco, que dirige Rodolfo Ares, retiró la protección a unos 80 ex concejales y ex cargos públicos, esgrimiendo razones tácticas. Entonces el sector ya se vio algo afectado. Ante la hipótesis de un final cercano de ETA, los escoltas temen que esta especie de ERE se convierta en una quiebra indefinida.
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