El Gobierno vasco y su socio preferente han pactado mantener los niveles de protección a las personas amenazadas por ETA, dentro del proyecto presupuestario que perfilan para el año que viene. La decisión de permanecer en alerta pese al «cese de acciones ofensivas» decretado por la banda terrorista forma parte de las prioridades de PSE y PP para las Cuentas de 2011. Delegaciones de los dos partidos desbrozarán mañana el camino al acuerdo en una reunión convocada en el Parlamento de Vitoria. Se trata de la primera cita oficial de ambas comitivas tras el reinicio del curso político y el anuncio del alto el fuego.
Encabezadas por Rodolfo Ares e Iñaki Oyarzábal, las delegaciones se han fijado como objetivo la austeridad en la negociación del que será el segundo Presupuesto propio de Patxi López desde que es lehendakari. Aunque la aplicación de recortes para capear la crisis económica vuelve a sobrevolar en la negociación presupuestaria, los socios no están por la labor de que se resientan algunos servicios. Entre ellas, el de seguridad, según ha podido saber este periódico.
El diagnóstico es común en los dos partidos. Los populares afrontaban la negociación con la idea firme de mantener el máximo nivel de protección a los amenazados, a pesar de que la tregua podría inducir a pensar en un cierto relajo en las políticas de vigilancia a los colectivos acosados por la violencia de ETA. Ni siquiera ha hecho falta que el PP presionara con esta petición a la consejería de Interior que gestiona Ares. Según fuentes del partido que lidera Antonio Basagoiti, los socialistas «son conscientes de que no se puede jugar con la seguridad», aunque la banda acabe de mostrar su disposición a un alto el fuego «permanente y verificable, y también a ir más lejos si se crean las condiciones».
Los últimos datos oficiales, correspondientes a 2009, ponen nombre al drama de la violencia: en Euskadi y Navarra hay 1.492 personas que necesitan de forma cotidiana de protección. En el País Vasco, la consejería de Interior y el Ministerio del ramo sufragan a partes iguales los gastos de seguridad. Como ya adelantó EL CORREO, ambos departamentos decidieron a principios de mes, antes del anuncio público de la tregua, recortar esta lista de amenazados que precisan de escoltas. Tras una revisión de los riesgos, un procedimiento que se realiza anualmente en el colectivo, han convenido en «racionalizar los cortes». Para ello reducirán de forma progresiva el servicio de guardaespaldas a aquellas personas que ya no están en primera línea. Por ejemplo, a quienes se han desvinculado de sus cargos políticos o de las funciones de las que se valieron los terroristas para colocarles en la diana. También a los que han dejado de residir en la comunidad autónoma vasca.
«Todos los cargos que necesiten protección seguirán teniéndola», aseguró ayer un alto representante del PP, habitual de las negociaciones presupuestarias con el PSE. Otra cosa es que se puedan limar algunos gastos derivados del servicio de seguridad, relacionados por ejemplo con las dietas. «Pero nunca con los niveles de vigilancia», insistieron los mismos medios en un intento por dejar claro que los socios de legislatura aún «no se fían» de las declaraciones de ETA.
Los servicios de protección constituyen uno de los puntos incluidos en el boceto presupuestario que dibujan socialistas y populares para el próximo año. Pero el PP tiene además otras prioridades. Como ya había defendido en el anterior Presupuesto, apuesta por dos líneas de trabajo: austeridad y recortes en el gasto corriente; e inversiones en servicios públicos y empleo. No quiere que la crisis económica sea utilizada como una excusa para no invertir en lo que considera que son materias irrenunciables. Entre otras, la educación, la sanidad, la formación profesional y las políticas de investigación e innovación.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100928/politica/pacta-ares-maxima-seguridad-20100928.html
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